El alcalde de Badalona, citado a declarar como imputado por atentar contra “la fama y el honor” de los gitanos rumanos
El pasado mes de mayo, la Audiencia de Barcelona ordenó que se admitiera la querella presentada contra el político conservador por SOS Racisme y la Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya por asegurar que los gitanos rumanos que residen en la localidad llegaron con el único propósito de delinquir. La denuncia se refiere a unos trípticos que vinculaban a los gitanos con la delincuencia y que fueron repartidos por el PPC, así como a declaraciones de Albiol en el mismo sentido a medios de comunicación.
El juzgado de Badalona decidió en marzo el archivo de la causa basándose en una sentencia que absolvió al propietario de la librería pronazi Europa, Pedro Varela, y que se fundamentó en que para existir condena la provocación al odio racial tiene que ser directa y no una mera exposición de ideas. Sin embargo, la Audiencia revocó la decisión por considerar que Albiol atentó contra la fama y el honor del colectivo de los gitanos rumanos.
Precipitación de la jueza de Badalona
El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, presidida por Ana Ingelmo Fernández, considera que la jueza de Badalona que no admitió a trámite la querella contra Xavier García Albiol, el líder del PP en Badalona, se precipitó. Los magistrados alegan que no es el momento procesal oportuno para analizar todos los de elementos que pueden tipificar el delito.
Pese a ello, el tribunal sostiene que las expresiones proferidas en el 2010 por el alcaldable conservador “atentan contra la fama y el honor de los gitanos rumanos que han venido a este país”. El año pasado, el PP repartió en la localidad un folleto con el lema ¿Tu barrio es seguro? que vinculaba de forma clara la inmigración con la delincuencia e incluía una pancarta con el lema “No queremos rumanos”.
Conflicto del derecho al honor y la libertad de expresión
La resolución precisa, no obstante, que puede existir una colisión de derechos constitucionales. Por una parte, el honor del colectivo de rumanos gitanos, y, por otro, la libertad de expresión de García Albiol como miembro de un partido y candidato a la alcaldía.
El dirigente popular puede haber cometido un delito previsto en el artículo 510.2 del Código Penal. Este precepto señala que deben ser castigadas con una pena de uno a tres años de prisión y multa aquellas personas que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, difundan informaciones injuriosas sobre grupos en relación a su pertenencia a una etnia o raza, sexo u origen nacional.
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