Ayuntamientos andaluces gobernados por el PSOE recibieron 4 millones de euros procedentes del fondo de reptiles

A.L.

COGIDO:ALERTADIGITAL

Cada vez va quedando más claro que el “fondo de reptiles” no es fondo destinado al empleo o a empresas en crisis aunque fuera un fondo irregular. Oarece más bien un fondo destinado a servir, como ya es tradicional en Andalucía, al Partido Socialista y sus intereses. Ahora se ha sabido que varios Ayuntamientos andaluces gobernados por el PSOE recibieron 4 millones de euros procedentes de estos fondos, discriminando a otros, tanto gobernados por el PSOE como por el PP, IU o el PA, y quebrando el principio de igualdad. La mayoría de ellos son de la Sierra Norte de Sevilla, feudo político ahora del ex consejero de Empleo, Juan Antonio Viera, secretario general del PSOE de Sevilla e implicado en la trama de los ERE por haber sido durante su mandato cuando se ideó el procedimiento irregular conocido ya como “fondo de reptiles”.

Fueron trece ayuntamientos, según ABC, los beneficiados por el dinero con el que costearon proyectos que nada tenían que ver con el rescate de empresas en crisis. Diez de ellos, son sevillanos, dos de Cádiz y uno de Jaén. Y fue la Administración andaluza, a través de la agencia autonómica IDEA (antiguo IFA), la que repartió los fondos de un modo discrecional, bajo la fórmula de convenios hechos a la medida de la peticiones que formulaban los propios municipios, unas veces por escrito —en cartas dirigidas al ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero— y otras debieron de hacerlo por teléfono, pues en los expedientes de las ayudas no figura solicitud formal alguna. Los datos ya están en poder de la juez encargado del caso ERE, Mercedes Alaya.

En su inmensa mayoría los municipios beneficiados con el denominado «fondo de reptiles» o de ayudas para empresas en crisis se localizan en la Sierra Norte de Sevilla y están gobernados por alcaldes del PSOE de la órbita del secretario general de los socialistas sevillanos y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera.

Con los más de 4 millones de euros, se construyó un complejo ecuestre en Los Palacios, localidad sevillana, se dotó de mobiliario a una residencia de mayores en Guadalcanal, de la Sierra Norte sevillana o se costeó un máster sobre riesgos laborales en la Universidad de Sevilla.

Por si fuera poco no se exigía nunca la justificación previa del gasto. En bastantes expedientes analizados ya tampoco se incluyen facturas de gastos realizados ni se aportaba documentación detallada sobre los proyectos subvencionados ni la Junta realizaba seguimiento alguno de los mismos. Sin embargo, desde el PSOE-A se justificaron dichas ayudas argumentando que perseguían crear empleo y estaban sujetas a «control».

Otros pagos extraños

La Consejería de Empleo pagó en 2009 los salarios atrasados de la empresa Taller de Libros, que presidió Manuel Pimentel, ex ministro con el PP entre 1999 y 2000, gracias a una ayuda de 300.000 euros procedente del fondo de ayudas a empresas en crisis, tildado como “fondo de reptiles” por el ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, Tres empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, también percibieron 6,6 millones procedentes del fondo de ayudas directas para empresas en crisis de la Consejería de Empleo.

Según el diario de Prisa, “las tres sociedades, que operan en la Sierra Norte de Sevilla, recibieron del fondo de ayudas 6,6 millones de euros entre julio de 2001 y febrero de 2007, divididos en ocho pagos distintos. El objetivo específico de las subvenciones era el “mantenimiento de los empleos”, según confirmó ayer Rodríguez de la Borbolla, alcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) durante 20 años.

En el caso de Pimentel, la subvención se concedió como ayuda directa a los trabajadores, pese a que Taller de Libros ya estaba en concurso de acreedores y comenzó a liquidarse a finales de ese mismo año por los administradores concursales.

Recuérdese que este fondo de ayudas, que se concedía sin estudios de viabilidad y sin controles a posteriori, se mantuvo diez años suponiendo una cantidad de 647 millones de euros.