- D. Carrasco. Madrid
COGIDO : LA GACETA Las flagrantes vulneraciones en un Estado de derecho tienen sus consecuencias jurídicas y sus presuntos autores deben pagar por ello. Hace dos semanas el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias presentó en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, una denuncia contra la delegada del Gobierno en la capital, Dolores Carrión, y contra el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid ha dictado una providencia por la que admite a trámite la denuncia y personación de Manos Limpias. Esto se traduce en la apertura de las diligencias previas 1906/11. En consecuencia, dicha actuación judicial responde a que el juez aprecia que existen indicios de delito en desidia de la delegada del Gobierno y en la actuación de Interior para no desalojar a los numerosos insumisos que ocupan el suelo de dominio público de una manera ilegal.
La denuncia, que se transformará en querella en los próximos días, acusaba a Carrión y a Rubalcaba de “un presunto delito continuado de omisión del deber de perseguir delitos y otro de desobediencia grave a una autoridad electoral”. El juzgado de instrucción madrileño ha dictado ya la primera diligencia probatoria que ordena a la Junta Electoral Central (JEC) que le remita certificación del acuerdo que adoptó en su día y que declaró“contrarias a la legislación electoral” todas las manifestaciones y protestas que se celebraran durante el día de la jornada de reflexión. La JEC explicó que pedir el voto “a favor de candidaturas concurrentes a un proceso electoral” y “la invitación a excluir a cualquiera de esas candidaturas en el ejercicio del derecho de voto” no es legal y “excede del derecho de manifestación” recogido en la Constitución.
Este es uno de los puntos fuertes de la querella presentada por el sindicato, la desobediencia grave a la autoridad electoral. Esto es, la decisión de laJunta Electoral Central se comunica a las juntas electorales provinciales, que, a su vez, requieren a las respectivas delegaciones del Gobierno para que procedan a la inmediata disolución de las concentraciones.
El otro hecho ilícito penal es “la omisión del deber de perseguir delitos y cuyo bien jurídico protegido es el recto funcionamiento de la actividad de la Administración Pública”, según reza la denuncia. El artículo 408 del Código Penal castiga con “inhabilitación especial para empleo o cargo público, de seis meses a dos años, a la autoridad o funcionario público que dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables”.
Mal comienzo
Por su parte, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de Madrid en funciones, Ignacio González, señaló ayer que si el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “no cumple la ley” y no desaloja el campamento de indignados de la Puerta del Sol, sería “un mal comienzo para sus pretensiones futuras”.
González criticó duramente que el Ministerio del Interior “está incumpliendo gravísimamente sus obligaciones legales”, y ha dicho que “no es aceptable” que Rubalcaba “obligue al ejercicio y cumplimiento de la ley” si no lleva a cabo ninguna medida para levantar el campamento, según EP. “Quiero recordar sus palabras, desde mi punto de vista gravísimas, cuando dijo que la Policía estaba para arreglar problemas, no para crearlos. La Policía está para cumplir la ley, y ese es el objetivo básico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha indicado.
En este sentido, el vicepresidente y portavoz en funciones de la Comunidad de Madrid se preguntó: “Si el ministro, que es el jefe de los mismos, no tiene claro que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado están para cumplir las leyes, ¿a quién le corresponde ejecutar resoluciones judiciales como las conocidas, que obligan al levantamiento de esta situación?”.
Cumplir con la ley
González tiene muy claro que la cuestión del campamento de Sol es competencia del Ministerio del Interior y de la Delegación de Gobierno. A su juicio, “hay que cumplir la ley porque ha pasado un tiempo más que suficiente y no se puede permitir que alguien de manera ilegal perjudique los derechos de otros que de manera legal están establecidos, pagan sus respectivos impuestos y ven cómo no se defienden sus derechos y están causando un grave perjuicio económico”.
Ante estos hechos será el titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid el que llegue hasta el final para depurar las correspondientes responsabilidades. Entre las diligencias que la acusación popular tiene solicitadas destaca la declaración en sede judicial de la delegada del Gobierno y la de Rubalcaba. En este último supuesto, el juez deberá inhibirse a favor de la Sala Penal del Tribunal Supremo al tener la competencia para investigar a las personas aforadas. También se le pedirá a Carrión que“manifieste si ha recibido órdenes superiores del ministro del Interior para no disolver la manifestación” que lleva casi tres semanas impidiendo a los ciudadanos y empresarios el libre ejercicio de sus derechos.
De momento, el magistrado ha dado traslado de la denuncia al Ministerio Fiscal para que emita el preceptivo informe que califique los hechos. Ahora bien, el informe no es vinculante para el juez.
Sin autorización
En cualquier caso, la acusación mantiene que ni la delegación del Gobierno ni el Ministerio del Interior han cumplido con la legalidad vigente. La Ley Orgánica 3/1983 reguladora del Derecho de Reunión exige que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberá ser comunicada a la autoridad gubernativa”. Un requisito, que según Manos Limpias, no se ha cumplido.
Para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, “se trata de una decisión valiente del juez que no se ha dejado influir por presiones políticas al investigar un asunto tan mediático como este”. Es más, “su decisión refuerza el Estado de derecho y de alguna manera supone que ningún político, por muy alto cargo que desempeñe en el Gobierno, esté por encima de la ley”. Además, “hay un clamor popular de que no se puede consentir que un movimiento, por muy legítimo que pueda ser, no cumpla las reglas del juego democrático”. “Y se han vulnerado con la complicidad de la delegada del Gobierno y del ministro del Interior, quienes no han aplicado la ley, dando un pésimo ejemplo a la sociedad”, subrayó.
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